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En Acuerdo del día 5 de mayo de 2015, y ante la presentación del Proyecto de Tasa de Justicia Relacionado a la Gestión de Ventas de Estampillas Digitales, los Sres. Ministros resuelven:

1º) “Aprobar el proyecto mencionado, autorizando su gradual implementación conforme a la propuesta efectuada como Fase I involucrando a los Juzgados de Paz de Apóstoles, Oberá y Jardín América y al Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Jardín América, a partir del día 20 de Mayo del corriente año, requiriendo un informe pormenorizado sobre el funcionamiento de la nueva modalidad transcurridos los noventa días corridos contados a partir de su entrada en funcionamiento, para su evaluación y posterior toma de decisión respecto a su implementación con alcance a todas las Dependencias.

2º) Autorizar al Señor Administrador General del Poder Judicial a que designe a todos los operadores necesarios en el ámbito de la Dirección de Administración para operar el sistema y realizar los controles definidos para el nuevo proceso.  

3º) Instruir a la Secretaría Técnica en Informática a que defina los diferentes perfiles de usuarios, capacite y entrene en el uso de las nuevas funcionalidades del sistema a todos los involucrados tanto en Dependencia Judiciales como Administrativas que tengan incumbencias.

 4º) Encomendar a la Secretaría Informática, la Dirección de Administración y el Centro de Capacitación y Gestión “Dr. Mario Dei Castelli” la elaboración de un manual de procedimiento actualizable en función al grado de avance en el proceso de digitalización del cobro de tasa de justicia y servicios judiciales.

5º) La implementación progresiva de las funcionalidades de digitalización e incorporación de nuevas alternativas de pago para el demandante del servicio judicial, será coordinado por el Administrador General y la Secretaría de Informática del Superior Tribunal de Justicia, conforme las directivas emanadas del Alto Cuerpo.”

Dicho sistema persigue facilitar el acceso a la justicia al ciudadano utilizando las posibilidades que ofrece la tecnología, minimizar la complejidad de los circuitos administrativos, agilizar los procesos de cobro de servicios judiciales, obtener estadísticas de los servicios judiciales e indicadores de gestión, realizar estimaciones de recaudación, entre otros beneficios que se plantea llevarlos adelante mediante una implementación gradual.