El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación puso en marcha el Programa Justicia 2020 con el objetivo de elaborar, implementar y evaluar políticas para construir una justicia que genere resultados socialmente relevantes y permita la solución de los conflictos en forma rápida y confiable.

En el marco de este programa, el Superior Tribunal de Justicia impulsa la implementación de la “Oralidad Efectiva en los procesos de conocimiento civiles y comerciales”.

Por ello, el 15 de mayo, una comitiva liderada por el Dr. Froilán Zarza, presidente del Superior Tribunal de Justica e integrada por la Dra. Viviana Juana María Gamberale, juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 7, la Dra. María Belén Briñóccoli, secretaria de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial, la CPN Liria Beatris Schunke, directora de la Dirección de Administración y el AS Carlos Cesar Oegg, en representación de la Secretaría de Tecnología Informática, participó de una reunión en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Durante la que se consensuaron definiciones generales al proyecto, así como en la planificación del protocolo de gestión del proceso.

El Dr. Zarza explicó que Misiones viene trabajando desde hace tiempo para incorporarse en este proyecto que busca que los juicios en materia civil y comercial se tramiten a través de dos audiencias, ambas dirigidas personalmente por el juez, donde las partes se presenten, comparezcan y se manifiesten en aquellas causas que sean susceptibles de este tipo de trámites como parte de estos procesos de acercamiento del Poder Judicial a la ciudadanía.

“La idea es que todos los juzgados civiles de la provincia comiencen antes de fin de año con la implementación de este proyecto que permitirá reducir los plazos totales del proceso; aumentar la calidad de las decisiones jurisdiccionales y con ello generar la satisfacción de los usuarios. Acortar los plazos de resolución, es sumamente alentador”, manifestó el Presidente del STJ.

La oralidad efectiva en procesos judiciales promueve la modernización de la legislación procesal civil y comercial y de las prácticas de gestión en todas las jurisdicciones locales de la República Argentina, lograr la inmediación entre los jueces y las partes en aquellos conflictos que demanden una atención directa del juez, entre otras cuestiones.

Los objetivos a alcanzar son: la reducción de plazos totales del proceso de conocimiento civil, a través del control efectivo de la duración del período de prueba; mejorar la calidad de la prueba y de las decisiones jurisdiccionales, y cumplir el principio de oralidad con inmediatez en las audiencias.