Con una participación sostenida y un alto nivel de compromiso, finalizó la edición 2025 del Curso Virtual “Derechos Humanos y Salud Mental. Estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” , dictado a través del Campus Virtual del Centro de Capacitación y Gestión Judicial del Poder Judicial de Misiones.
La propuesta formativa —de 6 horas reloj , modalidad 100 % online y autogestionada — estuvo destinada a magistrados/as, funcionarios/as de los Poderes Judiciales de la República Argentina , así como a abogados/as e integrantes de organismos de la Provincia de Misiones vinculados a la temática.
Una capacitación de alcance federal
El curso fue elaborado de manera conjunta por JUFEJUS/REFLEJAR , la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación , el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos , el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Corte de Justicia y Escuela Judicial de San Juan . Cada Poder Judicial del país implementó la capacitación en su propio campus virtual.
Esta instancia formativa se desarrolló en el marco del cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el Estado Argentino y la CIDH por el caso Senem de Buzzi , que establece medidas estructurales orientadas a fortalecer la formación en salud mental y derechos humanos de quienes integran el sistema de justicia.
Contenidos y propósitos
El curso tuvo como objetivo central que las y los participantes pudieran aplicar la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) en armonía con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos , incorporando además el enfoque de género como criterio transversal.
Disponible durante todo el año en el Campus Virtual del Centro, esta capacitación es de carácter obligatorio para magistrados/as y funcionarios/as con competencia en la temática de salud, conforme al Acuerdo N.º 22/2023 .
Participación 2025
En la edición 2025, 50 personas finalizaron satisfactoriamente todas las actividades previstas.
De este modo, el Poder Judicial de Misiones continúa consolidando espacios de formación que promueven decisiones judiciales informadas, respetuosas de los estándares internacionales y acordes a los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.