A siete meses de su puesta en marcha, julio de 2025, el Programa de Formación y Trabajo Comunitario para la Reparación Contravencional, denominado “Construir Comunidad” e implementado en la jurisdicción del Juzgado de Paz Contravencional de Posadas, ha presentado su primer avance de evaluación intermedia, arrojando resultados que consolidan una nueva forma de Justicia de Paz más cercana y pedagógica en la región.

El programa, diseñado para promover una respuesta transformadora a las infracciones y reducir la reincidencia, se estructura sobre dos ejes fundamentales: los Espacios de Formación y el Trabajo Comunitario. Según el reciente informe de avance, realizado a finales del mes de diciembre de 2025, la iniciativa ha demostrado una eficiencia operativa del 64% logrando concluir satisfactoriamente 23 de las 36 penas sustitutivas dictadas desde su inicio; esta cifra supera ampliamente la meta del 50% proyectada para todo el primer año.

Red de colaboración

Uno de los pilares del éxito inicial ha sido la formalización de una red de colaboración institucional con socios estratégicos como el Centro de Capacitación y Gestión Judicial, la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Monitoreo Territorial, el Centro Judicial de Mediación, la Asociación Civil El Refugio y el Hospital de los Juguetes. En cuanto al desempeño de los contraventores, el 100% de los informes de supervisión de estas organizaciones evalúan el compromiso de los participantes como “satisfactorio”, cumpliendo con creces la meta de calidad establecida. El mayor volumen de participación en trabajo comunitario se concentró en la Subsecretaría de Prevención de Adicciones con 17 contraventores, seguida por el Hospital de Juguetes con 12 y el Refugio de Animales con 7.

Más allá de los números: reflexión y aprendizaje

En lo que respecta al espacio formativo, el primer módulo se centró en abordajes preventivos de consumos problemáticos, manejo de la ira, empatía y comunicación. Si bien el desempeño cuantitativo se situó en un 33.33% (por debajo de la meta intermedia), el análisis cualitativo revela un impacto profundo.

Los testimonios de los participantes evidencian un reconocimiento del error y un compromiso de mejorar como ciudadanos. Ante la brecha entre las calificaciones y el impacto real, el equipo que lleva a cabo la implementación del Programa ya trabaja en acciones correctivas para revisar los métodos de evaluación y las técnicas pedagógicas.

Comenzando el 2026

Con la mirada puesta en el futuro, el programa tiene asegurada su continuidad durante el año 2026 para seguir alcanzando los objetivos planificados de impacto a largo plazo: Contribuir a una convivencia comunitaria más justa, solidaria y respetuosa de los Derechos Humanos, y a la prevención de conflictos menores. La evaluación del Programa continuará según el cronograma previsto a los 12 y 24 meses, buscando consolidarlo como una política judicial transformadora.

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