La cuestión pasa por elevar el nivel, mejorar el servicio
Para el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Sergio César Santiago, hay que “asumir obligaciones, escuchar a la gente”. Para indicar que las políticas de Estado que se han venido llevando adelante pasan por elevar el nivel, mejorar el servicio. “Esto se ha visto acompañado por un mayor Presupuesto asignado por parte del Poder Ejecutivo y por una proficua labor del Legislativo que no solo nos ha dotado de normas del primer mundo, sino de infraestructura”. Lo publica el Semanario 
en su edición N° 160
Recordó que “se ha adoptado un abanico de opciones para un mejor acceso a la Justicia. Se han adoptado las reglas de Brasilia justamente para llegar a los sectores más vulnerables. Tenemos que tender a ello. Y creo que no hay mayor ejercicio democratizador que llegar a todos y dar oportunidades a todos”.
Y ejemplificó: “si el ciudadano de Tobuna, en San Pedro, no tenía Juzgado de Paz terminaba resolviendo sus problemas a los machetazos. Entonces, no podemos reaccionar epidérmicamente. Sí, tomar de todas estas cuestiones y tras vislumbrar que algo no está bien corregir. Nadie puede desconocer que hay una mujer perdida que no aparece”, señalaba a propósito del fallo absolutorio en el sonado caso de Marita Verón.
Y puntualizó que fue la Presidenta de la Nación, sensibilizada con ese caso, quien debe convocar a extraordinarias al Congreso de la Nación para tratar la modificatoria de la Ley de Trata de Personas para que efectivamente se ponga en vigencia. Es decir había una falencia no en la Justicia sino en el Congreso, en el Poder Legislativo de la Nación. “Esto sin tomar en consideración el fallo en sí”, observó.
Santiago habló entonces de la capacitación de todos los estamentos de la Justicia. Dijo que en Misiones han venido trabajando con la colaboración de la Asociación de Mujeres Juezas. Que se ha capacitado a 2.600 personas en el año que acaba de concluir, que es éste el promedio desde la puesta en funciones del mencionado Centro de Capacitación. (www.seispaginas.com)
Acceso a la Justicia y asistencia a víctimas y testigos, un servicio disponible
Es su titular, el doctor Fabián Oudín, quien da cuenta en un video allí incluido que es función primordial del organismo a su cargo “asistir a las víctimas y a testigos de hechos delictivos, garantizando el debido acceso al servicio judicial como la defensa de los derechos fundamentales de las personas”.
Explica que la propuesta es otorgar una asistencia integral, de modo que quienes se encuentren en alguna de las situaciones descriptas puedan acudir a esas oficinas a informarse. Y, en su caso, “se puede designar un abogado defensor o bien orientar hacia otras oficinas del Estado donde puedan dar atención o solucionar los problemas planteados”.
Oudín sugiere entonces que no se dude en consultarlos, por más mínima que pudiera parecer la problemática. “Siempre buscaremos asesorarlos, darles acompañamiento o brindar apoyo técnico, legal y hasta psicológico si hiciera falta”, indica. Para aclarar que la Secretaría “no tiene facultades para representar a las personas.- No podemos ser sus abogados patrocinantes, pero sí designar un defensor oficial para que tramite la causa judicial pertinente”.
Gratuidad
Aclaró también que “este servicio que brinda el Poder Judicial es totalmente gratuito y a él pueden acudir las personas ante las oficinas de la Secretaría o hacerlo por comunicación telefónica. Obviamente los vamos a escuchar, asesorar, informar, darles las orientaciones pertinentes para que sepan cómo hacer valer sus derechos”. Indicó que la oficina cuenta con “un equipo de profesionales de distintas disciplinas que se ocupan de asesoramientos específicos o que derivan a los organismos en condiciones de dar solución al problema planteado”.
Optica humanitaria
“Desde una óptica más humanitaria, también se presta asistencia psicológica. El Superior Tribunal de Justicia por una acordada creó la Dirección Técnica Interdisciplinaria de Asistencia a Víctimas y Testigos, desde la que se articula un enfoque interdisciplinario con intervención de psicólogos, psicopedagogos, médicos y trabajadores sociales, según cada caso lo requiera”, precisó.
Hizo notar asimismo que si bien la sede de la Secretaría está ubicada en Posadas, “las personas que residen en otros lugares de la provincias, también pueden recurrir a este servicio que brindamos, acercándose a la oficina judicial más cercana a su domicilio, ya que los funcionarios serán los encargados de ponerlos en contacto con nosotros”.
No, a la revictimización
En otro orden y ya respecto de la asistencia, dijo que otra de las prioridades que se han impuesto tiene que ver con impedir la revictimización de las personas que han sufrido algún hecho delictivo. “Con los problemas que se vienen suscitando en la sociedad, hay preocupación por hacer conocer a las víctimas sus derechos –también sus obligaciones- para que los puedan ejercer”.
(www.seispaginas.com)
Analizarán el constitucionalismo en este nuevo siglo
Es organizada por la Cámara de Representantes, el Poder Judicial y el Centro de Capacitación y Gestión Judicial, con el auspicio del Centro de Estudios Estratégicos de Misiones (Ceem).
En la mañana de este lunes, en el auditorio de la Legislatura, se realizó una conferencia de prensa para anunciar la jornada de capacitación.
Estuvieron presentes el vicepresidente de la Cámara, Alberto Alvarez; la coordinadora del Ceem y secretaria legislativa, Cecilia Britto; el ministro del Superior Tribunal de Justicia y director ejecutivo del Centro de Capacitación Judicial, Sergio César Santiago; y el presidente de la Comisión de
“El juez es quien decide si se otorgan los beneficios”
Según el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, el magistrado es quien concede las salidas o resuelve las restricciones a imponer a los privados de su libertad
Fuente : El territorio Digital edicion del Domingo 19 de agosto del 2012 . Ver nota completa
Sergio César Santiago, ministro de Superior Tribunal de Justicia
“Las políticas exitosas surgen del
El ministro de la Corte provincial destacó
la interacción del poder Judicial con el Ejecutivo y el Legislativo
Un equipo de abogados y especialistas trabaja en la reforma del Código Procesal Penal y al Código Procesal Civil de Misiones con un objetivo prioritario: tener una justicia más ágil en todos los ámbitos. Coordinados por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Sergio César Santiago y por Cecilia Brito, a cargo del equipo legislativo, decenas de abogados, jueces y fiscales, apuran los cambios en el texto normativo que no se actualizaba desde hace por lo menos dos décadas.
Los cambios más sustanciales van todos en el mismo camino. Achicar plazos, evitar dilaciones inconducentes y equilibrar la balanza entre “poderosos” y “débiles”, sobre todo en casos laborales o de familia.
“Son normas que superan los 20 años y ya contienen muchos parches”, precisa Santiago. “Hay dos objetivos en las reformas. La primera es la celeridad procesal para que lo más rápido posible se alcance una sentencia. Debemos eliminar la burocracia tribunalicia. Simplificar plazos y criterios y aportar a la economía judicial”, coincide Brito. Santiago, quien conoce ambos lados del mostrador y tiene amplia experiencia en tribunales internacionales por su trabajo como abogado de la Entidad Binacional Yacyretá, sostiene que el “objetivo central, achicar los plazos, que no se demore más por cuestiones instrumentales. Hoy hay causas que llegan a diez años por apelaciones inconducentes”.
“El recurso extraordinario no es una tercera instancia, es justamente extraordinario. Cuando se abusa, resulta en una lesión de derechos o arbitrariedades”, insiste.
Una de las reformas más trascendentales es que la investigación judicial no dure más de dos años y después de finalizada, que no pasen más de seis meses entre elevar a juicio e iniciarlo. En el fuero Civil se plantea que la caducidad de una causa no pueda ser apelada, porque “actualmente el recurso da lugar a chicanas”:
“El objetivo es proteger el derecho del imputado, pero sobre todo, el de la víctima. Asimismo, el derecho de la comunidad como bien social a tener un final, poner certidumbre a sus derechos”, explica Santiago.
En el fuero laboral también habrá cambios sustanciales. Por ejemplo, en una causa de despido sin causa, se pasará de un proceso ordinario a uno sumarísimo, expeditivo y abreviado. La ley ampara al patrón para despedir a un empleado, pero una demanda demora años hasta que pueda cobrar una indemnización. La idea en la que se trabaja es que se puntualicen criterios y valores y la sentencia sea casi automática.
Se introducirá una audiencia de conciliación previa para eliminar pruebas inconducentes y que cada parte plantee su demanda o respuestas y desde entonces, se pasará a la decisión del juez.
En lo Laboral también hay coincidencia en darle más facultades a los jueces, que ahora deben recurrir al auxilio de sus colegas del fuero penal. “Queremos que el juez laboral tenga el poder para allanar las empresas por ejemplo para detectar trabajo en negro o explotación de cualquier tipo, higiene y seguridad. Hoy debe allanar un juez penal, pero es el laboral el que realmente conoce el tema. A veces se pierden pruebas clave o hasta vidas por las demoras en hacer un allanamiento”, asegura Santiago. También se le dará al magistrado la posibilidad de consultar especialistas contables o peritos que se dediquen a ese fuero.
En el caso del fuero Civil y también el Laboral, otro cambio será la obligación de inmediata ejecución del crédito, para evitar el vaciamiento de empresas o el largo peregrinar de trabajadores para cobrar una indemnización. “Debemos poner equilibrio entre partes que no tienen la misma fuerza”, sentenció Santiago.
En el fuero penal, se buscará mejorar el sistema de investigación y fortalecer el rol del fiscal. “El juez conduce el proceso para dar garantías a todos”, opina Santiago.
En el mismo camino, se robustecerá el papel de la Policía Científica y Judicial, especialmente para preservar escenas de crímenes.
“El plazo de investigación no debe exceder dos años y elevar a juicio en no más de seis meses”, acota el ministro.
“Se plantean audiencias preliminares con recursos y o pruebas antes de ir a juicio, sin perjuicio que durante el debate se incorporen nuevos elementos”.
Fortalecer al fiscal
En el fuero penal hay coincidencias en reforzar el rol del fiscal pero se debate el del juez. Hay algunos que se inclinan por un sistema acusatorio, con el juez apartado de la investigación que quedará en manos del fiscal, y otros que apuntan a un sistema mixto, sobre todo, aplicable en el corto plazo.
Esa es la línea de pensamiento de Santiago. “Que el juez conduzca el proceso, pero con más distancia. Decide el juez, por ejemplo un allanamiento, y hasta puede decir no. Pero es el fiscal el que se encarga, para evitar así que sea juez y parte en un proceso. Debemos pasar a un sistema con más flexibilidad, aunque no del todo acusatorio”.
Para Santiago, en paralelo a las reformas que se analizan, “los mismos abogados deben asumir la responsabilidad social de no dilatar procesos” que en muchos casos no benefician a sus clientes, sino a ellos mismos.
El martes tuvo lugar la primera reunión de la comisión mixta para encarar las propuestas de reforma de los Códigos Civil y Penal, que continuará este miércoles y se prolongará hasta el jueves inclusive, iniciando un trabajo que debería derivar en la confección de los anteproyectos que se enviarán a la Cámara de Representantes para su consideración. Lo adelantaba a Canal 6 el ministro del Superior Tribunal de Justicia y director del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, Sergio Santiago
Hacía notar, además, que se constituyó también la Subcomisión de Familia, con la intención de un análisis pormenorizado y la consulta a especialistas en el tema. “Porque Misiones ha venido legislando en cuestiones de adopción y violencia con normas mucho más avanzadas que la Nación”, explicó.
En la reunión del martes se trató e Código Civil, este miércoles comenzará a analizarse el procedimiento penal y el jueves, el laboral, pormenorizó Santiago indicado que han tenido “importantes contribuciones, que suponen valor agregado".
También porque la participación está abierta a todos los sectores participantes en los procesos, inclusive la Asociación de Magistrados y Funcionarios así como el Colegio de Abogados. Recordó que asimismo asisten abogados de la Cámara e Representantes encabezados por la secretaria legislativa Cecilia Britto, por el convenio firmado con el presidente Carlos Rovira.
Santiago comentó que “el estudio que se está llevando a cabo, la profundidad con la que se lo encara, la apertura en cuanto a la participación, lo hacen inédito. Creo que no tiene antecedentes en Misiones”.
